Educación según la Alianza?
“Cocinando con pasión” no es saber cocinar… o cómo los clichés en educación no funcionan. Una respuesta a la propuesta de educación de la Alianza.Discutir el problema de la educación desde maniqueísmos no ayuda en nada, no aporta en la discusión, sino levanta “voladores de luces” que bien sirven a un discurso entre derechas, pero no a uno dirigido a la ciudadanía, aportando al mejoramiento de un sector tan sensible, y es quizás, este problema lo que resta seriedad a una propuesta de la Alianza. Ello, porque contando con profesionales de excelencia, simplifican el discurso a niveles que cuestionan la propia formación de los críticos. Así, si los niños no distinguen entre el círculo y el cuadrado, nuestros parlamentarios de la Alianza, parecen no distinguir entre Educación e intereses económicos.
Efectivamente, los resultados en educación están cuestionados y aunque todos entienden que la principal responsabilidad está en los procesos del aula, no se entregan los mínimos necesarios en la ecuación pública para el mejoramiento del sistema, a partir de esta base. Así, toda la discusión la hacen girar en torno al problema del mercado y no en torno a la cuestión pedagógica, que probablemente es el centro del asunto.
Deseamos ser enfáticos en que el cuestionamiento al Estado Docente es un discurso regresivo que no aporta en absoluto, pues justificar una posición de mercado en contraposición a una política de los años ’40 es un ejercicio estéril. En un Estado Nacional, donde la educación juega un papel fundamental de cohesión y construcción del mismo, esta no puede estar librada al azar del mercado. Al Estado le corresponde un papel normador nos guste o no, que oriente el proceso educacional. Aquello de una “sociedad docente” es una propuesta que no resiste mayor análisis, pues es un limbo sin contenido alguno, que nuevamente lo señalamos, bien sirve a un discurso de derechas, pero no a la solución del problema de la inequidad en el sistema.
En seguida, la defensa de la diversidad a través de la construcción de proyectos educativos, anota un grueso desconocimiento de la realidad, pues para todos los que participamos en el sistema educacional, esta es una obligación que ha debido afrontar todos y cada uno de los establecimientos del país. Pero esos proyectos educativos están contrapuestos a normas y micropolíticas de educación que sólo se aplican a los “municipales” y no a los subvencionados, que son actores privados que usufructúan del presupuesto estatal para educación, pero sin estar sujetos al rigor que muestran las Seremis y Provinciales en su relación con los colegios municipales.
La diversidad de proyectos está presente hoy, se respeta y se promueve, lo sabemos, por lo que el problema no radica allí.
El trabajar por una enseñanza de excelencia está ligado a mejorar y fortalecer los procesos dentro del aula, a través de una política de educación que privilegie la excelencia y no la mediocridad. Ello es posible en la escuela municipal, siempre que se compita en igualdad de condiciones con los subvencionados, cosa que no ocurre. El problema de la calidad no es una ineficacia del sector público por si, sino por la micropolíticas que se obliga a seguir a este sector y a las que no están obligadas los colegios subvencionados.
En otro sentido, el cuestionamiento a la libertad que funda la propuesta de los aliancistas, no tiene sustento en la realidad, pues no existe una política ni oculta ni deliberada que apunte a suprimir la posibilidad que privados usufructúen de los dineros fiscales para emprender proyectos de colegios y/o liceos. Es más, para nadie es un misterio que la discusión respecto a la LOCE, no ha pasado de ser puramente moralista –de que es ilegítima pues fue promulgada por la Dictadura- obviando el verdadero sentido de la crítica, que radicaba en la situación antes expuesta: la existencia de privados que sin más requisito que acreditar 4º año de Enseñanza Media, pueden implementar un colegio y/o liceo, con financiamiento fiscal y muy poca regulación.
Estamos de acuerdo que sería saludable que los padres pudieran escoger los establecimientos donde se educarán los hijos, pero sabemos que mensualidades privativas son una cortapisa cruel a esta pretendida “libertad”. La libertad del mercado ha demostrado su enorme inconsistencia, pues sólo provoca mayores frustraciones en quienes creen merecer una ecuación de calidad, llegando a situaciones de verdadera discriminación decimonónica.
Luego, hablar de que el Estado debe garantizar una educación de calidad es como señalar que para cocinar bien, basta con la pasión. Cuando queremos aprender a cocinar, esa máxima no es más que retórica barata y no aporta en absoluto a la formación de un chef. Al igual que en el ejemplo, cuando se habla de que el Estado es el responsable de otorgar una educación de calidad sin decir cómo, sin señalar cómo se hace ello, con un sistema normativo altamente inclusivo, a costa del relajamiento de condiciones básicas para la escolarización, no son más que palabras vacías lanzadas al viento.
Luego y en el ámbito de las propuestas, todas y cada una han sido prioridad el actual gobierno y se están desarrollando todas las acciones conducentes a materializar dicha política pública, por lo que las mentadas medidas que impulsa la Alianza, nuevamente no son más que palabras al viento.
Pero entre ellas hay una que preocupa y donde estriba efectivamente la diferencia entre las visiones que sustenta la derecha y la gente trabajadora: el punto 4.
El financiamiento compartido es posible en los estratos minoritarios de nuestra sociedad, esto es en los ABC y D (aunque este último, con muchísimo esfuerzo), pero la gran mayoría de los chilenos no están en condiciones de destinar mucho más a educación, cuando hasta el acceso a salud es casi privativo.
Que una familia como la mayoría de las familias, con ingresos que no superan los $ 250.000 pueda destinar dinero a co-pagos es francamente irrisorio y demuestra una desconexión total con la realidad o de una crueldad a toda prueba.
En lo referente al apoyo municipal y la gestión de educación, debemos señalar que la solución no estriba en poder “desvincular” profesores a diestra y siniestra sin cancelar las obligaciones laborales que por ley corresponden, sino más bien, a resolver los enormes descriterios que encierran las micro políticas de educación, en lo referente a un sistema en extremo inclusivo, donde los méritos personales naufragan en un mar de permisividad fomentado por reglamentos de evaluación absolutamente laxos, reglamentos de convivencia inoperantes y siempre sujetos a las sensibilidades de autoridades políticas, que acogen acciones que socavan la autoridad de los docentes y directivos, que permiten el desarrollo de la ley del mínimo esfuerzo y que terminan por dar señales nefastas a los niños y niñas que llegan al sistema.
Así mismo, no estamos dispuestos a retirar los beneficios ligados al perfeccionamiento docente. El perfeccionamiento docente difícilmente va a ser promovido con prácticas administrativas que apuntan a retirar beneficios inherentes a dicho perfeccionamiento. La sola evaluación docente no es suficiente para extender la necesidad del perfeccionamiento.
Hemos sostenido con fuerza que la calidad de la educación no está necesariamente ligada a lo que la derecha llama “rigideces del sistema”. El Estatuto Docente debe ser defendido y el fortalecimiento de la función docente lo concebimos como un pilar fundamental del mejoramiento de la educación pública.
Finalmente, la necesidad de reformar el Ministerio de Educación ha sido una preocupación actual y es parte de las políticas que se están implementando hoy, por lo que insistimos que cualquier iniciativa que busque extender las reglas del mercado en un ámbito tan sensible para la comunidad, como es la educación, debe encontrar una contra respuesta inmediata.
Nosotros estamos empeñados en mejorar la educación, pero no a través de clichés facilistas y vacíos, sino en la conformación de una política pública en Educación, consistente y coherente, sin preeminencia del mercado.
posted by Fernando Verdugo Valenzuela @ 3:41 p. m.
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