Respuesta a Marcela Cubillos y Cristián Monckeberg sobre Educación
En educación no existe un supuesto “sujeto principal” del proceso educativo, pues al tratarse de un proceso colectivo, la definición de “sujetos principales” y por consecuencia, de “sujetos secundarios” y hasta “terciarios” es un despropósito. El proceso educativo es colectivo; tiene que ver con las familias, con los docentes, con los co-docentes, con los niños y niñas, con la comunidad.
Entendemos que para efectos de facilitar la confección de políticas refundacionales, lo mejor es establecer esta suerte de “sujetos” clasificados por categorías, pues al situar la preeminencia en niños y adolescentes, se hace fácil establecer la inhabilidad de ellos y el resto de los involucrados en segundos y terceros órdenes, para trabajar en la reformulación del sistema, acotando la participación como siempre a unos pocos técnicos. Esta conjunción en una relación claramente dispar, no hace otra cosa que marginar a la propia sociedad de la tarea de construir los lineamientos de un sistema que es crucial y que se encuentra en crisis, por sus resultados sociales, más que académicos.
Pretender una visión unilateral de la participación y reservar el pluralismo entonces, a la visión de unos pocos “directamente” interesados en la cuestión educacional v/s “los alumnos”, no nos parece el mejor camino, pues la experiencia del trabajo de la Comisión Brunner, el cual fue excluyente, nos demuestra las debilidades de dicho modelo.
Por otra parte, el argumento de que la calidad de la educación debía mejorar con la inyección de cuantiosos recursos, es una majadería que no se sostiene. La inyección de recursos más fuerte fue para la implementación de la Jornada Escolar Completa, o sea: inversión en infraestructura. Política orientada a duplicar la capacidad de los establecimientos para la atención de la totalidad de la matrícula en un período único y continuado de clases. Cae de maduro el hecho de que esa inversión cuantiosa no tiene nada que ver con “calidad” de la educación. El proyecto Enlaces, como ejemplo, fue una inversión cuantiosa, por los costos de su operativización, pero al estar expuesta a incentivos que no permitieron en su oportunidad el pleno funcionamiento, difícilmente pudo aportar al mejoramiento de la calidad de la educación, y hoy, cuando los computadores “entraron” a nuestra cultura, dichos equipos están absolutamente obsoletos, parte de un programa sin continuidad real. La cosa no va mejor cuando nos preguntamos por la inversión en capacitación a los docentes, pues la “bajada” de los Planes y Programas de la Reforma se realizó con grandes recursos, pero a costa de la calidad de la capacitación, al ser entregada esta a organismos que pretendieron lucrar con los PPF, a vista y paciencia de la autoridad.
Siguiendo la línea argumental de los dos Diputados, al insistir majaderamente en implementar un sistema de vouchers, como recurso para el mejoramiento de la calidad de la educación por compentencia, no se sostiene por sí sola. Las personas pueden poner a sus niños en los establecimientos que decidan… donde hay posibilidad de hacerlo, esto, fundamentalmente en los centros urbanos. Pero el sistema pierde toda eficacia donde el mercado de la oferta no funciona, esto es, en el sector rural o de desempeño difícil. En tal sentido, desde la Asociación Chilena de Municipalidades proponemos que se instaure la modalidad de pago de subvención por matrícula y no por asistencia, lo cual ayudaría a mejorar el problema del financiamiento, en especial en el sector municipal. Creemos que el protagonismo de los padres debe estar referido a resolver el problema de definir si en la educación municipal debe proveerse a su hijo o hija una educación de calidad, con los costos en términos de estudio y esfuerzo, que ello importa.
Finalmente, respecto a la información tan necesaria, que propician los dos Diputados, para transparentar el desempeño de los establecimientos, creemos que esta debe contener, además de los estrictamente académico, información referente a lo financiero. Los padres, apoderados y comunidad en general tienen derecho a informarse respecto a cómo se gasta el dinero de la subvención que entrega el Estado, a cómo se invierte en los procesos educacionales el dinero de las mensualidades, a fin de transparentar la situación de aquellas entidades que lucran con la actividad educacional, en desmedro de las inversiones necesarias para el mejoramiento de la educación. En tal sentido, creemos necesario que el resguardo judicial sobre la educación, debe estar orientado en primer término a la necesidad que los recursos destinados a educación y que son entregados tanto a Municipalidades, como a sostenedores privados, deben ser utilizados en ello, pues el enriquecimiento por esta vía, en nuestro ordenamiento, no está contemplado.
En la Asociación Chilena de Municipalidades hemos venido trabajando en poner sobre la mesa el problema de la verdadera Descentralización de la Educación, como herramienta eficaz de dar un giro hacia la calidad, revisando la micropolítica aplicada en estos años, haciendo hincapié en el fortalecimiento de la autoridad de la escuela, de los directivos y de los profesores; haciendo hincapié en el cambio definitivo de los reglamentos de evaluación; terminar con las políticas que apuntan a una baja en las exigencias; merced del cambio definitivo al financiamiento.
Energía y Ciudadanía
El gobierno ya está promoviendo el diseño de una política energética de largo alcance que sea capaz de dar cuenta tanto de los desafíos que Chile enfrenta, así como de los potenciales que se tienen.
La discusión la había comenzado Ricardo Lagos cuando a raíz de los primeros recortes en el suministro del gas argentino, exploró las posibilidades de importar gas licuado desde Asia, el que luego era tratado en puertos chilenos, para su posterior uso.
Los más osados han propuesto que la energía nuclear es una posibilidad de desarrollo energético para Chile y los más pragmáticos plantean que los problemas tienen mayores posibilidades de solución en el campo de la hidroelectricidad.
En fin, nosotros vemos con mucha preocupación cómo Bachelet abre la discusión sobre política energética con el empresariado sin sumar a la ciudadanía. Nos preocupa, porque la definición de una política energética tiene que ver con el tipo de desarrollo que esperamos TODOS emprender y ese desarrollo no puede ser impuesto, ya no más. No porque “las masas” hayan despertado, sino porque cualquier alternativa de desarrollo en el marco de una nación que valora la democracia, debe ser con la gente.
Creemos insuficientes los argumentos que se esmeran por hacer ver que la ciudadanía “no está preparada” o “no sabe” de estas cosas. Lo peor es creer a la gente estúpida como justificación para operar políticas desde arriba.
Por ello proponemos que personalidades como los académicos de la Universidad de Chile, de la facultad de ciencias nos cuenten si tenemos o no un potencial de recursos humanos para operar centrales nucleares, o si ello es seguro desde el punto de vista civil, industrial y también medioambiental. Queremos escuchar a los ambientalistas, a Sara Larraín, a quienes han hecho propuestas de desarrollo alternativo, sin enfrentar sus propuestas a partir de prejuicios, sino también bajo el filtro de los necesarios análisis de costos-beneficios que suponen, pero sin manipulación. Por cierto, también queremos escuchar a los empresarios, que con seguridad absoluta han iniciado los Estudios de Impacto Ambiental para la construcción de las centrales en los ríos del sur. A decir verdad, ello no es culpa de los empresarios, porque si el gobierno da la sensación de que son los “únicos” interlocutores válidos en este tema, claro que van a presuponer que sus propuestas son las “únicas” atendibles.
En este caso, la culpa no es del cerdito, sino de quien da el afrecho… y eso no sólo vale para el gobierno respecto a los empresarios, sino también vale para la ciudadanía respecto al gobierno.
Nosotros los municipalistas debemos liderar la posición de inclusión de la ciudadanía en la definición de las políticas energéticas, descentralizando las decisiones, pues en definitiva las centrales y las plantas, con sus residuos e impactos son vividos directamente por nuestras comunidades.
Revisión de la JEC
En un paso lógico después de las movilizaciones nacionales de los estudiantes, el Ministerio de Educación ha iniciado un proceso de revisión de la Jornada Escolar Completa, que contempla consultas a los profesores, padres y apoderados y a los alumnos.
O sea, un problema que surge de la falta de financiamiento generalizado y la constatación de una caída sistemática en la calidad de la educación por la aplicación de micropolíticas erradas, deriva en una apertura de la discusión, que bien puede desembocar en un cuestionamiento a las últimas prácticas de “resistencia” a rebajar aún más los estándares de exigencia y calidad en la educación municipal.
Como lo señalará el académico César Riquelme –asesor de nuestra Comisión en temas de descentralización y educación- la tan mentada “descentralización” ha operado en el ámbito de la escuela privada, no así en la escuela pública, quedando claro el imperativo de avanzar en tal sentido, sin sacrificar calidad, con un sentido de equidad.
Concordante con ello, Lily Ariztía, de la Sociedad de Instrucción Primaria, ha señalado que "Si el ministerio no dice claramente que la voluntad, el esfuerzo y el hábito de estudiar son prioritarios, no vamos a lograr superar las marcas nacionales que tenemos".
Pero vemos, sin embargo, que el Ministerio está dando señales que a la larga pueden profundizar la crisis, incubando percepciones erradas sobre el trasfondo del tema: el mejoramiento de la calidad de la educación a través del avance en la descentralización.
(Mayores antecedentes los puede Usted requerir al Señor César Riquelme Alarcón, a través de este Blog).
Viviendas sociales y Descentralización efectiva
En el diario El Mercurio del día domingo 13 de Agosto apareció, en el suplemento Artes y Letras, una columna del arquitecto Sebastián Gray, que -debo confesar- reproducimos integramente sin ningún tipo de permiso, todo porque se condice con un tema que nos llama la atención: construir DESCENTRALIZACIÓN desde la comunidad, desde el nivel primario, ese que siempre está en contacto con la Municipalidad.
Este artículo hace una propuesta que si es considerada, puede constituir un paso desicivo a la hora de definir descentralizadamente, cómo se construye comunidad.
Domingo 13 de agosto de 2006, Artes y LetrasSebastián Gray Casas, casetas, casitasLos pobres de Chile siguen siendo tratados como tales, recipientes de una caridad mal disfrazada de progreso, sin capacidad de decidir dónde y cómo quieren vivir. El problema de la vivienda social es el de la integración social. Incluso hablar de calidad es insuficiente: de poco sirve una habitación más, o un mejor techo, si se sigue estigmatizando a un sector de la población.Tras veinte años de una política estable de financiamiento para la vivienda social, parece oportuno evaluar algunos resultados y tomar postura frente a los desafíos que persisten. En este período, el sector privado ha participado de manera importante en la construcción masiva de viviendas, mientras que el Estado ha experimentado con subsidios en diversas fórmulas que han logrado reducir significativamente el déficit de vivienda básica, llegando hoy a las 500.000 unidades. Sin embargo, es obvio que no hemos logrado soluciones satisfactorias y, gracias al sostenido desarrollo económico de las últimas décadas y la consiguiente evolución de estándares y actitudes, la sociedad entera comienza a distinguir entre la mera solución de un problema cuantitativo y aquél de la provisión de calidad, dignidad y oportunidades.AbismosHecho evidente el abismo entre pobres y ricos, finalmente comprendemos las verdaderas implicancias de una política de vivienda social que por generaciones ha fomentado la segregación y la desigualdad, dividiendo a la ciudad en dos, y que hoy nos pasa la cuenta. Es probable que buena parte de nuestros males urbanos (la drogadicción, la delincuencia, el vandalismo, la indiferencia) se deba a la actitud condescendiente y clasista que históricamente ha subyacido nuestras políticas públicas de vivienda: desde los rigurosos conjuntos de habitación obrera de comienzos de siglo, pasando por los campamentos de emergencia -que devinieron permanentes- y las poblaciones "marginales" de los años '60 y '70, hasta las "erradicaciones" (la propia etimología del término manifiesta el drama de la operación) efectuadas durante el régimen militar. En todos estos casos, la vivienda social ha sido concebida como una imposición que justifica mínimos estándares con el fin de maximizar los recursos, y de esta manera hemos ofrecido construcciones inaceptablemente precarias, enormes conjuntos excesivamente densos, carentes de servicios y equipamiento comunitario, y sobre todo pésimamente localizados en la periferia por el bajo costo de los terrenos: siempre lejos, lejos de todo, lo más lejos imaginable.PosibilidadesAparentemente, la vivienda social ha sido diseñada a la medida de las posibilidades y principios de cada época: por largo tiempo las mediaguas de tablones nos parecieron aceptables; más tarde, la provisión de un terreno urbanizado con una caseta sanitaria (las inversiones fundamentales) parecía un logro, el mismo que ahora es convertido en escándalo por una prensa majadera e ignorante. Hoy en día se ofrece una vivienda más completa, financiada por una combinación de ahorro previo, un subsidio estatal a la empresa constructora privada, y un crédito hipotecario. Si bien este sistema ha servido para suplir en cantidad, adolece de irremontables defectos: al subsidiarse la oferta, la empresa privada decide unilateralmente qué hacer y dirige todos sus esfuerzos a la generación de utilidades, lo que explica la construcción repetitiva y a gran escala de la vivienda más barata posible en terrenos sin valor, y explica también la falta de incentivos a la innovación en construcción y diseño. El resultado es que los pobres de Chile siguen siendo tratados como tales, recipientes de una caridad mal disfrazada de progreso, sin capacidad de decidir dónde y cómo quieren vivir, y de todas maneras sin oportunidades de surgir. Sólo recientemente se ha comprendido la necesidad de ajustar la política habitacional a una visión global de ciudad y sociedad, creando programas que promueven conjuntos de menor tamaño, con la exploración de nuevos y mejores tipos de vivienda, con planes de apoyo social y sin el crédito hipotecario que se ha convertido en un lastre, así como programas que fomentan la renovación, densificación y rehabilitación en áreas urbanas consolidadas, los mismos barrios donde muchas familias allegadas viven actualmente, y que no están dispuestas a desarraigarse sólo porque "el sistema" los obligue. Ahí donde el mercado no pudo, el Estado vuelve a tomar las riendas.El problema de la vivienda social es, en el fondo, el problema de la integración social. En este sentido, incluso hablar de calidad es insuficiente: de poco sirve una habitación más, o un mejor techo, si se sigue estigmatizando a un sector de la población al ofrecerle una casita experimental multicolor y mal localizada, de todos modos identificada con la pobreza. La verdadera integración implica, precisamente, hacer desaparecer las diferencias, tanto físicas como sociales. El ámbito físico de lo construido es el primer paso, y la clave aquí es la mímesis; es decir, que la vivienda sea indistinguible de la de cualquier ciudadano, y que corresponda a su entorno geográfico y cultural. El subsidio, entonces, que por décadas se ha dirigido a la oferta, debería entregarse directamente al comprador para que pueda elegir sin restricciones, según su gusto y expectativas, entre todas sus opciones disponibles. ¡Qué notable efecto tendría esto en el mercado, finalmente compitiendo por calidad!Sin duda que esta pertenencia física haría posible, tal vez en el curso de una generación, una efectiva integración social, una cultura de la oportunidad, la que en todo caso debería ser apoyada con programas e inversiones que valoricen la vida de barrio en sectores desaventajados, mediante excelente equipamiento comunitario, espléndidas áreas verdes y educación pública de primera calidad, y que además promuevan el tiempo en familia, especialmente el de las mujeres jefas de hogar, mediante jardines infantiles decentes y una real flexibilidad laboral. Se habrán terminado para siempre las pomposas inauguraciones de casitas de laboratorio, y habremos inaugurado una nueva era de esperanza.
