Respuesta a Marcela Cubillos y Cristián Monckeberg sobre Educación
En educación no existe un supuesto “sujeto principal” del proceso educativo, pues al tratarse de un proceso colectivo, la definición de “sujetos principales” y por consecuencia, de “sujetos secundarios” y hasta “terciarios” es un despropósito. El proceso educativo es colectivo; tiene que ver con las familias, con los docentes, con los co-docentes, con los niños y niñas, con la comunidad.Entendemos que para efectos de facilitar la confección de políticas refundacionales, lo mejor es establecer esta suerte de “sujetos” clasificados por categorías, pues al situar la preeminencia en niños y adolescentes, se hace fácil establecer la inhabilidad de ellos y el resto de los involucrados en segundos y terceros órdenes, para trabajar en la reformulación del sistema, acotando la participación como siempre a unos pocos técnicos. Esta conjunción en una relación claramente dispar, no hace otra cosa que marginar a la propia sociedad de la tarea de construir los lineamientos de un sistema que es crucial y que se encuentra en crisis, por sus resultados sociales, más que académicos.
Pretender una visión unilateral de la participación y reservar el pluralismo entonces, a la visión de unos pocos “directamente” interesados en la cuestión educacional v/s “los alumnos”, no nos parece el mejor camino, pues la experiencia del trabajo de la Comisión Brunner, el cual fue excluyente, nos demuestra las debilidades de dicho modelo.
Por otra parte, el argumento de que la calidad de la educación debía mejorar con la inyección de cuantiosos recursos, es una majadería que no se sostiene. La inyección de recursos más fuerte fue para la implementación de la Jornada Escolar Completa, o sea: inversión en infraestructura. Política orientada a duplicar la capacidad de los establecimientos para la atención de la totalidad de la matrícula en un período único y continuado de clases. Cae de maduro el hecho de que esa inversión cuantiosa no tiene nada que ver con “calidad” de la educación. El proyecto Enlaces, como ejemplo, fue una inversión cuantiosa, por los costos de su operativización, pero al estar expuesta a incentivos que no permitieron en su oportunidad el pleno funcionamiento, difícilmente pudo aportar al mejoramiento de la calidad de la educación, y hoy, cuando los computadores “entraron” a nuestra cultura, dichos equipos están absolutamente obsoletos, parte de un programa sin continuidad real. La cosa no va mejor cuando nos preguntamos por la inversión en capacitación a los docentes, pues la “bajada” de los Planes y Programas de la Reforma se realizó con grandes recursos, pero a costa de la calidad de la capacitación, al ser entregada esta a organismos que pretendieron lucrar con los PPF, a vista y paciencia de la autoridad.
Siguiendo la línea argumental de los dos Diputados, al insistir majaderamente en implementar un sistema de vouchers, como recurso para el mejoramiento de la calidad de la educación por compentencia, no se sostiene por sí sola. Las personas pueden poner a sus niños en los establecimientos que decidan… donde hay posibilidad de hacerlo, esto, fundamentalmente en los centros urbanos. Pero el sistema pierde toda eficacia donde el mercado de la oferta no funciona, esto es, en el sector rural o de desempeño difícil. En tal sentido, desde la Asociación Chilena de Municipalidades proponemos que se instaure la modalidad de pago de subvención por matrícula y no por asistencia, lo cual ayudaría a mejorar el problema del financiamiento, en especial en el sector municipal. Creemos que el protagonismo de los padres debe estar referido a resolver el problema de definir si en la educación municipal debe proveerse a su hijo o hija una educación de calidad, con los costos en términos de estudio y esfuerzo, que ello importa.
Finalmente, respecto a la información tan necesaria, que propician los dos Diputados, para transparentar el desempeño de los establecimientos, creemos que esta debe contener, además de los estrictamente académico, información referente a lo financiero. Los padres, apoderados y comunidad en general tienen derecho a informarse respecto a cómo se gasta el dinero de la subvención que entrega el Estado, a cómo se invierte en los procesos educacionales el dinero de las mensualidades, a fin de transparentar la situación de aquellas entidades que lucran con la actividad educacional, en desmedro de las inversiones necesarias para el mejoramiento de la educación. En tal sentido, creemos necesario que el resguardo judicial sobre la educación, debe estar orientado en primer término a la necesidad que los recursos destinados a educación y que son entregados tanto a Municipalidades, como a sostenedores privados, deben ser utilizados en ello, pues el enriquecimiento por esta vía, en nuestro ordenamiento, no está contemplado.
En la Asociación Chilena de Municipalidades hemos venido trabajando en poner sobre la mesa el problema de la verdadera Descentralización de la Educación, como herramienta eficaz de dar un giro hacia la calidad, revisando la micropolítica aplicada en estos años, haciendo hincapié en el fortalecimiento de la autoridad de la escuela, de los directivos y de los profesores; haciendo hincapié en el cambio definitivo de los reglamentos de evaluación; terminar con las políticas que apuntan a una baja en las exigencias; merced del cambio definitivo al financiamiento.





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